Si no se consolida un modelo de gobernanza migratoria, colapsará la frontera por la violencia en México y la expulsión de miles desde EU
PARTE I
Crisis humanitaria y violación sistemática de derechos básicos, violencia e inseguridad, incertidumbre jurídica, estafas y desinformación, xenofobia y discriminación, riesgos de salud y déficit de infraestructura, son el contexto que enfrentan las personas en situación de movilidad, como consecuencia de los nuevos fenómenos y políticas migratorias que hoy ponen a prueba la capacidad de respuesta de los órdenes de gobierno y la sociedad civil en Ciudad Juárez.
Dos factores se traslaparon para generar la tormenta perfecta que se coloca sobre esta frontera y que podría devastarla si no cambian los enfoques de gestión de flujos de migrantes, y no se consolida el modelo de gobernanza migratoria que dio buenos resultados en los momentos críticos de recepción masiva de 2018 y 2019, cuando los extranjeros optaron por esta ruta para entregarse a los agentes de Migración y solicitar refugio a Estados Unidos.
El primero es el recrudecimiento de la violencia, generalmente vinculada al crimen organizado, que azota a estados del país como Michoacán y Guerrero, y que generó desplazamientos forzados internos nunca antes vistos.
Una gran parte de los migrantes optó por llegar a Juárez para de aquí cruzar a Estados Unidos, también en busca de asilo, en un momento en que las fronteras y los programas están completamente clausurados.
La última encuesta sobre migraciones aplicada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en los albergues de Ciudad Juárez, arrojó que hasta el 70 por ciento de su población corresponde hoy a mexicanos, precisamente los desplazados por la violencia.
El segundo factor es la implementación del Título 42, que en materia de salud y frente a la pandemia de Covid-19, le dio al Gobierno de Estados Unidos la justificación legal para expulsar a todo extranjero de su territorio, sin proceso migratorio alguno de por medio y sin oportunidad de solicitar asilo.
Con la intervención del Departamento de Seguridad Nacional se están aplicando procedimientos de deportación acelerada y con retornos vía aérea, pero en esta ciudad se está dejando a migrantes que fueron detenidos en toda la frontera, no únicamente en la región de El Paso.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reporta que en el año fiscal 2021 (de octubre del 2020 a agosto del 2021) por el sector de El Paso se realizaron 146 mil expulsiones, del total de 937 mil que bajo el Título 42 se han registrado por toda la frontera. Únicamente la región del Valle del Río Grande, que colinda con Tamaulipas, presenta un registro mayor (con 227 mil 428 expulsiones).
DEPORTACIONES
Además, de acuerdo con el último reporte de CBP, en lo que va del año fiscal 2021, los agentes de la Patrulla Fronteriza han colocado a casi 72 mil migrantes en procedimientos de deportación acelerados.
A las cifras de expulsiones por Título 42, hay que agregar el flujo de deportaciones que se generan por las violaciones cotidianas a las leyes de migración (Título 8), a partir de un registro de 29 mil 639 detenciones en la región de El Paso en el mismo año fiscal.
En general, los flujos de los migrantes y los encuentros con la Patrulla Fronteriza, se han triplicado.
Las detenciones, deportaciones y expulsiones marcan un incremento del 278.5 por ciento respecto al año fiscal anterior (un total de 176 mil 102 encuentros contra 46 mil 496) considerando la región de El Paso y de hasta 325 por ciento en toda la frontera México-Estados Unidos (subió de 345 mil 880 a un millón 472 mil 655 encuentros).
Después de México, como el país de origen en 53 mil 881 detenciones específicamente en la región de El Paso, Guatemala registra el más alto número de deportaciones y expulsiones, con 38 mil 910 para el año fiscal en curso, y le siguen Honduras con 16 mil 003 y El Salvador con 7 mil 085.
De Guatemala es Milvian, a quien las pandillas le mataron a su esposo, un chofer de camión, hace dos años y medio. Los mismos criminales de su pueblo, en San Pedro de Ayampuc, la amenazaron de muerte hace tres meses si no obedecía un encargo especial.
Consideró que no podía arriesgarse a dejar huérfanos a sus tres hijos. Tomó a su pequeño de cinco años, dejó a los otros dos (de 11 y 6 años) con la abuela y se aventuró a caminar hacia el norte, con los traficantes de coyotes a los que pagó 60 mil quetzales, el equivalente a 7 mil 800 dólares.
Nunca pensó lo que sufriría en la travesía, cuando pasó junto a un grupo de migrantes, de mano en mano, como mercancía, apilados todos, hombres, mujeres y niños, sin espacio para respirar siquiera. Así transcurrieron días interminables, en distintas camionetas, otros más encerrados en bodegas dentro de territorio mexicano donde si bien les iba, comían una vez al día.
“Yo he escuchado mucho eso de que Los Zetas, y yo en un momento sentí que en las manos de esos hombres estábamos, porque eran malos, malos”, dice Milvian.
Y llora al recordar la orden que uno de esos hombres le dio a un compañero de viaje, cuando ella no podía abrir sus piernas para acomodarse encima de sus rodillas: “Viene el coyote y me dice: abre las piernas. Yo no las puedo abrir porque no me puedo sentar. Y le tronó los dedos al señor y le dice bájate y te doy cinco minutos para que violés a esta hija de la gran puta… ¿esta qué piensa, que es virgen?”. Un aviso por radio de los halcones sobre sobre presencia policiaca cerca de donde circulaba el convoy terminó esa parte de la pesadilla.
En otro momento Milvian casi muere ahogada en una alcantarilla cuando con su hijo parado sobre sus hombros debió esconderse de varias patrullas que tenían un retén y momentáneamente fueron abandonados a su suerte por los traficantes. Su pequeño también estuvo a punto de morir de deshidratación, porque en esa ocasión permanecieron también un día escondidos entre los matorrales en pleno monte y a cielo abierto.
Finalmente llegaron a la frontera. Cruzaron por Reynosa, Tamaulipas pero la Patrulla Fronteriza no les dio oportunidad de solicitar refugio. Fueron expulsados después de tres días de estar en “las hieleras”, como llaman los migrantes a los centros de detención por sus temperaturas congelantes.
“Yo salí con los pulmones cerrados. Ya no podía respirar, ya la voz no me salía. Luego nos tuvieron en unas camionetas, nos llevaron a un aeropuerto, nos subieron en un avión y nos trajeron para acá”, narra la mujer de 29 años.
Los expulsaron hacia México por el centro de Ciudad Juárez. En esta ocasión sí hubo notificación a autoridades mexicanas y Milvian pudo recibir apoyo para tener un techo para ella y su hijo.
Muchas ocasiones no se utilizan los medios de vinculación institucional y los migrantes son literalmente dejados en los cruces internacionales, en cualquier día y en cualquier hora, sin notificación alguna, como lo tienen documentado organizaciones de apoyo en ambos lados de la frontera.
Pero hoy, Milvian fue canalizada a un espacio de acogida y es una de las 5 mil 874 personas en condición de movilidad que a partir de este año, desde que el gimnasio municipal Kiki Romero abrió sus puertas ante la emergencia, han recibido atención humanitaria.
De su país, Guatemala, se han atendido ahí a mil 646 personas, 2 mil 125 de Honduras, 177 de Nicaragua, 2 de Costa Rica, 8 de Colombia, 25 de Estados Unidos, 2 de Brasil, 417 de Ecuador, 18 de Venezuela, 290 de El Salvador, 2 de Haití, 19 de Cuba y 1 de Belice. Mexicanos y mexicanas son mil 142. Y la tendencia al alza por los desplazamientos forzados internos se refleja cada vez más en la estadística de todos los albergues.
Yo he escuchado mucho eso de que Los Zetas, y yo en un momento sentí que en las manos de esos hombres estábamos, porque eran malos, malos”
Mexicanos desplazados o expulsados
Crece el número de mexicanos en albergues para migrantes; huyen de la violencia
Al día de hoy, de las 131 personas albergadas en el Kiki Romero, 52 son mexicanos, son los desplazados que además de buscar mejores oportunidades, escapan de entornos de violencia. E igual que los extranjeros, la mayoría fueron expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42. Y siguen esperando, como Milvian, una oportunidad para pedir refugio.
“A nosotros ya no nos dieron esa oportunidad de asilo, porque según dicen de que todo está cerrado. Y yo a veces me pongo a pensar, por lo menos que escuchen mi caso, el por qué yo tuve que salir de mi país. Pero yo no he tenido ni la oportunidad de que venga algún abogado y que escuche mi caso”, señala la viuda guatemalteca.
De acuerdo con la última encuesta del proyecto sobre salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes que el Colegio de la Frontera (Colef) realiza en Ciudad Juárez, el 71 por ciento que llegaron entre junio y septiembre de este año a los espacios de acogida, lo hizo con sus hijos, tal como Milvian.
Ese fue uno de los hallazgos de la aplicación de cuestionarios en seis de los albergues: Pan de Vida, Centro Integrador Leona Vicario, Aposento Alto, San Matías, Albergue Buen Samaritano y Gimnasio Kiki Romero. En total se registraron como huéspedes seis mujeres embarazadas.
Si bien se confirmó como la primera causa de expulsión de sus lugares de origen la violencia generada por el crimen organizado y las pandillas, con el 47.4 por ciento, destacó que las mujeres señalaron en un 15.8 por ciento como causa principal la violencia de género, después del 28.5 por ciento que eligió la opción de buscar mejores oportunidades.
CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO
Las historias sobre hombres que violaron o intentaron violar a sus hijastras se multiplican. También las mujeres que huyeron para no ser golpeadas por sus esposos.
Un 4.4 por ciento dijo huir de la pobreza y otro 2.6 por ciento de la persecución política. El resto mencionó otros motivos.
La última fotografía de las nacionalidades en los espacios de acogida abiertos en Ciudad Juárez registra un 33.3 por ciento de Guatemala, un 8.8 de El Salvador, 3.6 por ciento de Nicaragua y 0.8 por ciento de Cuba.
En lo más alto del ranking está Honduras, con el 53.4 por ciento, en concordancia con las estadísticas generales de deportaciones y expulsiones que para toda la frontera maneja la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
De Honduras son las 281 mil 831 personas (dentro del gran total de un millón 472 mil 655) que registraron encuentros con la Patrulla Fronteriza entre octubre 2020 y agosto de 2021.
RADIOGRAFÍA DE LOS ALBERGUES
Y de Honduras es Mariela, de 30 años, madre de dos hijos (uno de 13 y otro de 5) que salió de Tegucigalpa el 18 de junio. Se llenó de miedo ante la amenaza de las pandillas y los grupos delincuenciales de reclutar a la fuerza a los niños apenas cumplan los 13.
“En la colonia se miraba mucho eso, las peleas de bandas con balazos y pues como no hay oportunidades de salir adelante, decidimos venirnos, porque yo tengo mi hijo adolescente y él también tenía mucho miedo cuando escuchaba disparos a cada rato, ya ni quería ir a la escuela”, narra la joven madre desde el albergue Pan y Vida que da acogida a los migrantes, tanto nacionales como extranjeros.
Así que pagó 11 mil 500 dólares para ponerse, junto con sus hijos, en manos de otras manos criminales de la red de traficantes.
Sufrió secuestro armado por el mismo grupo de guías, en el lado mexicano, que así obtuvieron más dinero de sus familias en Guatemala.
También una balacera entre coyotes y policías que no buscaban ayudarlos, sino participar del botín y pedían cuota por cada uno de los migrantes.
Todo el camino fue doloroso por las condiciones del transporte y el hacinamiento.
“Mi hijo el mayor ya está mas grande que yo y así viajé en un trayecto con uno en cada pierna por 12 horas seguidas. Veníamos como 10 en un carrito pequeño y yo ya lloraba, de saber que mis piernas venían dormidas y mis hijos con sueño sin poder dormir”, expresa Mariela.
El grupo de migrantes cruzó la frontera para entregarse a autoridades migratorias de Estados Unidos en Reynosa Tamaulipas, pero como está ocurriendo en la mayoría de los casos, junto a otras familias, fueron expulsados por Juárez luego de ser traslados en avión a esta frontera.
No se conocen los registros oficiales de los vuelos, pero autoridades mexicanas y organizaciones señalan que en momentos críticos hasta tres aviones por semana se han dirigido hacia El Paso, Texas, con al menos 100 personas. Por lo menos un vuelo llega cada semana, generalmente los lunes.
Cuando Mariela cruzó la frontera y se entregó a la Patrulla Fronteriza pensó que el sufrimiento había terminado. Creyó que sí se quedaría en Estados Unidos porque hasta le solicitaron los datos del familiar que los recibiría en Indianápolis.
Pero faltaba aún el confinamiento por cuatro días en “las hieleras”, donde su hijo menor enfermó y presentó fiebre y vómito.
“La verdad que fue un engaño total, porque lo que ellos hicieron con nosotros fue tenernos cuatro días en las hieleras. Y luego nos sacaron de madrugada, que ya nos iban a recibir los familiares, pero de repente nos subieron a un avión y luego nos vinieron a tirar a los puentes internacionales en Juárez”.
Ahí, junto al puente, en el viejo centro histórico de Juárez, se sintió perdida, sola con sus dos hijos y sin saber a dónde ir, hasta que buscó una cara amigable para pedirle ayuda. Lo hizo lejos del puente, porque la amenazaron con hablarle a Migración quienes ahí les reclamaban que estorbaba el tránsito.
Una persona le regaló una llamada y se contactó para que alguien le mandara dinero desde su país. Le ayudaron a hacer efectiva una transferencia y logró hospedarse en un hotel. Luego consiguió contactar a otros migrantes compañeros de viaje y le contaron que ya estaban en un albergue, que se fuera con ellos. Así lo hizo y llegó a Pan de Vida en la zona de Anapra.
“Cuando yo logré cruzar el portón de aquí me sentí protegida, sentí que ya estaban a salvo mis hijos, la verdad, y aquí ya nos sentimos todos como una familia. Hay de todo: salvadoreños, hondureños, nicaragüenses”.
Una red de ayuda y protección
Pan de Vida es uno de los 20 espacios de acogida que conforman la Red de Albergues, tejida ante la crisis humanitaria que la extraordinaria movilidad humana registró entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, cuando a los flujos regulares se sumaron quienes optaron por Juárez para acogerse al Protocolo de Protección a Migrantes (el MPP, por sus siglas en inglés) e iniciar sus procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos, al mismo tiempo en que bajo ese mismo programa, las autoridades migratorias de aquel país retornaban por esta frontera a los solicitantes que debían esperar la respuesta en territorio mexicano.
Esa ha sido la meta común en los últimos flujos migratorios: obtener refugio del otro lado de la frontera. Pero los programas han sido muy limitados y cambiantes.
Mariela no alcanzó el MPP, programa que estuvo vigente de marzo de 2019 a enero de 2021. Tampoco se acomodó en la parte de las excepciones a la aplicación del Título 42, una rendija que encontraron las organizaciones internacionales de apoyo a migrantes para lograr que Estados Unidos no expulsara a quienes presentaban alguna condición de vulnerabilidad, aparte de su propio contexto de movilidad.
La excepción cerró el 31 de agosto. No hay opciones. Pero los migrantes siguen aquí, en espera.
Así se quedó Mariela, a quien frecuentemente la carcome la desesperanza, aunque hoy dice estar bien, tranquila en el espacio de acogida: “ya estoy bien y esperando a ver qué pasa, si va a haber asilo de nuevo, si nos van a ayudar o qué. La verdad que el miedo de regresar a nuestro país y recorrer México para regresar esta tan grande que yo digo me quedo mejor aquí, porque el camino es muy feo”.
Tampoco el michoacano Benjamín, de 38 años, albergado hoy en el Kiki Romero, pudo pedir asilo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de cruzarse para solicitarlo porque sabe que el programa está cerrado y Estados Unidos aplica las expulsiones rápidas.
De cualquier modo, espera el momento. Y para ponerse a salvo, junto con su esposa y sus dos hijos, uno de 16 y otro de 11, fue que huyó de su natal Michoacán.
Según la coordinadora académica de la Maestría en Migración Internacional del Colef, Inés Barrios, cerca del 54 por ciento de los desplazados forzados internos que están llegando a Ciudad Juárez y Tijuana, provienen de Michoacán.
Particularmente son expulsados de la zona de Tierra Caliente, donde se ubican poblaciones como Apatzingán, Los Reyes y Ciudad Hidalgo, con fuerte presencia del crimen organizado.
La doctora en Estudios de Migración también destaca que casi el 80 por ciento de los desplazados forzados vienen, como Benjamín, en unidades familiares. Lo que eso indica es que no piensan regresar y buscan resguardar su vida y su seguridad, ante todo.
“Estamos esperando a ver si hay una oportunidad, porque ya no podemos regresar para allá por temor. Nuestra meta es llegar allá, a ver si hay una chance de pasar a Estados Unidos, por los papeles de mi hija que es nacida allá y sí tiene sus documentos en regla, pero nosotros no la queremos dejar ir sola”, señala el hombre que huyó de la violencia.
Su amigo y compañero de trabajo, albañil como él, fue asesinado a balazos. Un comando llegó hasta donde estaba el grupo de trabajadores asando elotes, ya después de la hora laboral, y abrió fuego indiscriminadamente.
Los delincuentes amenazaron con regresar y llevarse a los demás. Aunque Benjamín no estaba en el momento del ataque porque terminaba un trabajo en otro punto, prefirió no arriesgarse. Ni a su hogar volvió. Se refugió en la casa materna y de ahí planeó el viaje hacia el norte.
Por cuenta propia llegó hasta las instalaciones del Centro de Apoyo Integral a Migrantes (CAIM) que se ubica en las inmediaciones del Puente Internacional Santa Fe y opera bajo la dirección de Consejo Estatal de Población (Coespo). De ahí fue enviado al albergue del gimnasio Kiki Romero al surponinete de Juárez, donde él y su familia tienen techo y comida desde el desde el 27 de julio.
También se registró en el módulo que dentro del Centro tiene la organización HAIS México (Hebrew Immigrant Aid Society) y de ellos espera información y orientación si es que Estados Unidos abre alguna posibilidad para solicitar refugio y empezar un proceso de asilo. Es lo mismo que espera Mariela en el extremo norponiente de la ciudad, donde se ubica el albergue Pan de Vida.
Asesoría jurídica y psicológica
HAIS nació hace más de 100 años en Nueva York para ayudar a los judíos que ante la violencia que sufrían en sus lugares de origen, trataban de refugiarse en los Estados Unidos. Desde 2019 apoya a los migrantes internacionales en Ciudad Juárez, donde opera una de sus oficinas, y desde hace tres meses ofrece asesoría legal, apoyo psicosocial y de salud mental, a quienes se encuentran en contextos de movilidad y llegan hasta las instalaciones del CAIM, espacio gestionado por el Consejo Estatal de Población (Coespo).
Ana Santiz y Jaziel Martínez son dos de los seis abogados que integran el staff legal de HAIS en Juárez. Cuando se aplicó el Título 42, ellos apoyaron con asesoría e información, para buscar las solicitudes de asilo vía la figura jurídica de la excepción.
“Nosotros éramos como un intermediario entre las autoridades de Estados Unidos y las personas en contexto de movilidad, en donde nosotros pasábamos casos a autoridades para ver si se autorizaban para una excepción del Título 42”, explica Santiz.
Pero desde el 31 de agosto terminó la excepción que consideraba no expulsar a todas las personas que querían hacer uso de su derecho humano a solicitar una protección internacional, cuando eran identificadas con alguna vulnerabilidad, aparte de situarse en un contexto de movilidad.
Hoy su trabajo legal se focaliza en apoyar a los extranjeros que, ante el cierre de los programas en Estados Unidos, optan por solicitar el asilo en México, además de mantener informados a quienes permanecen a la espera de que se vislumbre otra vez el sueño americano y cambien de nuevo las políticas migratorias.
A la par, ofrecen acompañamiento en salud mental con el equipo de psicólogos ante la situación de desesperación en la que se encuentran inmersas las personas migrantes, quienes pueden tomar decisiones con alto riesgo para sus vidas.
La amenaza del suicidio
HAIS tiene identificados a algunos albergues como lugares de riesgo de suicidio, por lo que los atiende periódicamente con los talleres de acceso a la información y la contención en materia de salud mental, para quienes acepten la ayuda.
Además, HAIS encontró un esquema de engaño y estafa que vuelve a convertir a las personas migrantes en víctimas ante un entorno de desinformación y falsas expectativas sobre los programas que hoy mantiene clausurados el Gobierno de Estados Unidos.
“Hemos identificado el modus operandi de varios estafadores que se hacen pasar por HAIS, por Acnur (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), u otras organizaciones que tienen el mismo objetivo”, denuncia la abogada.
Combatiendo a los estafadores
Explica que generalmente por medio de las redes sociales de las organizaciones de apoyo, los defraudadores identifican a las personas que están interesadas en solicitar refugio en Estados Unidos, establecen contacto con ellas y se hacen pasar por representantes de las propias agencias o por abogados de migración, ya sea de Estados Unidos o de México.
Desde mil hasta 5 mil dólares han pagado las personas migrantes a los estafadores, quienes falsifican logotipos y formatos para iniciar los falsos trámites.
Otros ofrecen supuestos contactos con autoridades corruptas que pueden garantizar el asilo, reservarles un lugar en listas de espera que no existen, o que un agente los reciba a mitad del puente para entregarse. Cuando acuden no hay nadie. Son engañados de nuevo.
También hay quienes han pagado 200 y hasta mil dólares, únicamente para una supuesta cita donde se aplicarían pruebas de Covid-19, lo que les permitiría iniciar el proceso de solicitud de refugio en Estados Unidos. Siempre se trata de transferencias electrónicas, realizadas por bancos o en tiendas de autoservicio, que nunca más vuelven a recuperar.
“Llegan a pedirles información, a agendar citas y las personas hasta les dan su información personal y les mandan fotografías. Llenaban hasta formatos y los citaban en el puente a tal hora, desde luego nunca llegaban”, detalla Martínez, el otro abogado de HAIS.
Todos son vulnerables
Las víctimas son personas extranjeras y mexicanas por igual. De todos esos riesgos hablan los colaboradores de HAIS en los albergues y ante las personas que acuden a solicitar información al módulo integrado al CAIM.
De acuerdo con Ana Santiz, actualmente solo anotan a los interesados en recibir información, pero de ninguna manera se trata de listas de espera. No puede haberlas, porque no existe programa abierto o alguna política nueva, y hasta podría considerarse ilegal la práctica en este momento.
“Los migrantes están en el limbo y ese es el detonante de todos los albergues. Por eso han entregado dinero en las estafas, porque están en la desesperación”, resume la asesora legal.
Lamentablemente no hay buenas nuevas. No hay nada. “Estamos a la expectativa–dice Jaziel– estamos pendientes, posiblemente mañana haya un nuevo programa, pero posiblemente mañana no haya nada”.
En esa misma espera están gran parte de los 2 mil 500 migrantes nacionales y extranjeros ubicados en los distintos espacios de acogida y atención que en la última semana reportaron su actividad a la oficina del Consejo Estatal de Población. Algunos pocos aguardan incluso desde hace más de dos años ser llamados a Corte en Estados Unidos para concluir sus procesos abiertos dentro del MPP.
Red de Albergues con mil 350, Centro Integrador Leona Vicario con 600, Casa del Migrante con 300, hotel filtro con 100 y cerca de 150 en el Gimnasio Kiki Romero. Son alrededor de 2 mil 500 espacios ocupados de una capacidad de 3 mil a 3 mil 200.
“Ahorita no es cuestión de la cantidad de migrantes, ahorita es el tipo de migrantes. Es un reto cualitativo, no cuantitativo, no de números sino de las características de la población, que vienen mujeres embarazadas y con niños menores de 12 años. Ese es el reto, para adecuar toda la infraestructura de los albergues y lograr una atención integral para esa población que va a estar meses aquí”, considera Peña, el investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Aunque los albergues se están adaptando a las nuevas necesidades, con actividades lúdicas y educativas para los niños, y hay alianzas con organizaciones y mucho voluntariado, no se ha terminado de estructurar un plan de aplicación general para replicar las experiencias exitosas en todos los espacios de acogida, agrega el especialista.
La migración no se va a debilitar
¿Cómo podemos crear condiciones como para poder tener una respuesta lo suficientemente ágil y rápida hacia una coyuntura que se nos puede presentar?
También preocupa el poco margen de maniobra. Otro fenómeno de flujos masivos como el que se presentó apenas hace semanas en la frontera entre Ciudad Acuña, Coahuila y Del Río, Texas, con la concentración de hasta 15 mil migrantes haitianos, rebasaría las posibilidades de atención humanitaria en Juárez.
¿Cómo podemos crear condiciones como para poder tener una respuesta lo suficientemente ágil y rápida hacia una coyuntura que se nos puede presentar?, cuestiona Rodolfo Rubio, profesor investigador del Colegio de Chihuahua que ha realizado estudios migratorios desde hace dos décadas.
Rubio considera que es momento clave para crear conciencia de que se debe generar una capacidad de atención de circunstancias extraordinarias, bajo una particularidad muy clara: el fenómeno migratorio va a seguir con esa dinámica de cambios y no es algo que se vaya a debilitar en unos cuantos meses.
“En Estados Unidos un juez dijo que se tendría que volver a instalar el programa MPP y no sabemos si va a suceder o en qué condiciones”, ejemplifica sobre las múltiples posibilidades.
El investigador del Colef, Jesús Peña, plantea que de fondo hay una situación que debe analizarse: no es casualidad que los últimos flujos de migrantes se hayan dirigido a Coahuila y Tamaulipas.
Flujos controlados
Sostiene que así ocurrió porque tanto el Gobierno federal, con su cerco migratorio y sus acciones de contención, estableció como única opción esa ruta, un corredor que apunta hacia Tamaulipas, y que además se apegaron a él los grupos de traficantes.
La situación en Juárez está relativamente tranquila en relación a lo que está pasando en Coahuila y Tamaulipas, a donde se fue el flujo migratorio, pero no fue por casualidad. Es el resultado de este cerco migratorio del Gobierno federal que ha dejado nomás como un corredor, con una ruta que los ha llevado a Tamaulipas.
“En Ciudad Acuña había cerca 14 mil personas en Del Río y 2 mil del lado mexicano el 18 de septiembre. Se extraña que Tijuana y Juárez no sean los puntos centrales de concentración de estos flujos. Y más que los haitianos no hayan avanzado a Tijuana, donde ya tienen su red de apoyo. Por eso sostengo que es un flujo que se está controlando, tanto por el Gobierno de México, como por los traficantes de persona”, reitera Peña.
Dice que lo que se ha visto en redes sociales es que las redes de traficantes les están cobrando por salir de Chiapas, que hay un cerco que los mantiene ahí y que para salir pagan hasta 4 mil dólares por familia, a quienes precisamente los llevan hacia esa ruta, a Tamaulipas o Coahuila.
“Y van hacia donde el muro del Gobierno federal lo permite. Quizás es una cuestión de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, que establecería qué frontera quiere. Creo que hay un esfuerzo por manipular la ruta de los migrantes y no dejarlos hacer sus rutas como ellos creen que es mejor”, señala Peña.
Muros malos… mal planeados
El doctor destaca que los controles no son malos por sí mismos. Son malos porque se aplican medidas de contención, reprimiendo a las personas y violando sus derechos humanos.
“Creo que se ha dado una estrategia de control, pero mal planeada. Pudieron verse las situaciones de cada una de las fronteras para hacer una repartición más ordenada, organizadas desde el sur para que tengan la oportunidad de lograr su asilo. Y ya lo que sigue es de la soberanía de otro país”, agrega.
El problema, de acuerdo con el especialista, es que siempre se tienen estos extremos, con fronteras solas y otras totalmente saturadas.
“Esa ha sido la historia desde el 2016. Desde entonces no se ha podido armar un sistema para organizar estos flujos migratorios, de manera que no se saturen las fronteras receptoras de la frontera norte y las personas pueden tener la posibilidad de solicitar su asilo político, que es algo completamente legal”
En realidad, concluye el investigador del Colegio de la Frontera Norte, están conteniendo en lugar de ordenar.
