Julián Aguila
The Texas Tribune
Austin.- Desde el censo del 2010 en los Estados Unidos, el número de ciudadanos naturalizados se ha incrementado de manera sustancial en Texas, y los inmigrantes del estado cuentan ahora con un significativo poder adquisitivo y un potencial económico, de acuerdo con un análisis elaborado por un grupo de reflexión de Washington que está apoyando la reforma migratoria.
Los inmigrantes conforman más del 20 por ciento de la fuerza laboral de Texas, y el número de ciudadanos naturalizados del estado se incrementó en más de 68 mil en el 2011 en comparación con el 2010, de acuerdo con una recopilación de datos de inmigración del Centro de Política Inmigratoria. El poder adquisitivo de los hispanos y asiáticos en Texas –ya sean nacidos en los Estados Unidos o inmigrantes– se incrementó a 265 billones de dólares en el 2012, un incremento de 55 billones desde el 2010.
El estudio se da a conocer al mismo tiempo que el Senado de los Estados Unidos está a sólo unas semanas de votar sobre la primera legislación de una reforma integral a las leyes de inmigración que haya sido presentada ante la Cámara desde el 2007.
El reporte del centro de política también dice que las deportaciones en masa en el estado, las cuales registran un estimado de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados, llegarán a costar billones de dólares.
“Si todos los inmigrantes indocumentados fueran deportados de Texas, el estado perdería 69.3 billones de dólares en actividad económica, 30.8 billones en producto bruto estatal y aproximadamente 403 mil 174 empleos, inclusive tomando en cuenta el tiempo adecuado de los ajustes de mercado”, según dice el estudio, citando el análisis del Grupo Perryman de Texas.
Pero la Federación por la Reforma Inmigratoria Norteamericana (FAIR), un grupo no partidista que aboga por un incremento de la seguridad en la frontera y una limitada inmigración legal, dijo que el reporte no incluye los costos para proveer a los inmigrantes indocumentados de cuidado de la salud, educación y otros derechos. Los datos son necesarios para crear una imagen más clara de cómo la inmigración ilegal afecta al estado, dijo Ira Mehlam, un portavoz de la FAIR a nivel nacional.
Todas las personas, legales o no, contribuyen a la economía cuando hacen compras o pagan renta e impuestos de venta, dijo Mehlam. Pero añadió que eso era sólo una parte de la ecuación.
“La pregunta es ¿acaso la contribución económica llega a compensar el costo de mantener a los inmigrantes viviendo en el país?, eso es lo primero”, dijo. “Y ¿qué impacto tiene en la habilidad de otras personas para contribuir de manera económica a su máximo potencial? Esa es la razón por la que tenemos leyes de inmigración”.
La revisión más reciente del estado del dar y recibir en Texas fue llevada a cabo en el 2006 por la entonces contralora Carole Keeton Strayhorn. Dicho análisis decía que si Texas prescindía del estimado de 1.4 millones de inmigrantes indocumentados que estaban viviendo en Texas en el 2005, habría resultado en una pérdida neta de alrededor de 17.7 billones de dólares en producto bruto doméstico en ese año.
Los inmigrantes indocumentados también produjeron un mayor ingreso estatal de 1.58 billones de dólares, mas de los 1.16 billones que ellos llegaron a costar en servicios estatales, según decía el reporte del 2006. Sin embargo, los gobiernos locales perdieron alrededor de 1.44 billones de dólares en cuidado de la salud y costos policiales, los cuales no fueron reembolsados por el estado.
La oficina de la actual contralora Susan Combs, quien anunció esta semana que ella se retiraría del cargo público cuando su periodo termine en el 2015, ha dicho que no hay planes inmediatos de actualizar el estudio del 2006.
Las ganancias económicas han sido el foco de atención de varios grupos pro-reformistas cuyos miembros incluyen a funcionarios electos y líderes empresariales. El Forum de Acción Norteamericana recientemente envió una carta firmada por más de 100 economistas conservadores al Congreso apoyando la reforma y la Asociación por una Nueva Economía Norteamericana, cuyos miembros incluyen al alcalde de Nueva York Michel Bloomberg, al alcalde de San Antonio Julián Castro y al alcalde de El Paso John Cook.
El Forum ha liderado campañas tradicionales y en línea instando a los funcionarios electos a crear un camino rumbo al estatus legal o la ciudadanía para el estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
Pero Mehlam de FAIR dijo que los grupos que promueven una reforma y ponen énfasis en la necesidad de una fuerza laboral legalizada ”instan a que se lleve a cabo una batalla entre la élite y la población ordinaria”.
“La inmigración ilegal se convierte en un subsidio laboral para ellos”, dijo. “Se salen con la suya al contratar gente con bajos salarios y le piden a todos los demás que se hagan cargo del costo de la educación, cuidado de la salud y todas las cosas que ellos no aportan”.
La práctica conlleva a que se tengan salarios muy deprimentes, haciendo que los empleos de baja paga sean poco atractivos para los trabajadores originarios de Estados Unidos.
“Muchos de los trabajos serían hechos por trabajadores estadounidenses si los salarios fueran más altos, por lo tanto se pagarían más impuestos y habría una mayor contribución tan sólo en la potencia económica general y el poder adquisitivo”, dijo.
El incremento de 68 mil personas en la población de ciudadanos naturalizados en Texas, significa que demográficamente representa el 33 por ciento de los inmigrantes del estado.
Los ciudadanos naturalizados también se están educando más, con alrededor del 29 por ciento del grupo consiguiendo por lo menos un grado de licenciatura en el 2011, comparado al 15 por ciento de los inmigrantes que no son ciudadanos.
