El Universal
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, y por unanimidad, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con la que se pretende atacar por vez primera toda la cadena delictiva relacionada con el tráfico de personas.
El dictamen comenzó a ser discutido en lo particular, pues los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) hicieron una docena de reservas, relacionadas con apoyo a las víctimas, perspectivas de género y funciones de la Comisión Intersecretarial contra la trata. Una vez que sea aprobado también en lo particular, el dictamen será enviado al Senado.
La nueva Ley General establece sanciones a quien capte, transporte, traslade, acoja o reciba personas en situación de trata.
También atiende a los distintos métodos utilizados para “enganchar” personas y los múltiples fines de la trata, además de castigos que van de 2 y hasta 30 años de prisión.
En el primer caso establece las hipótesis de que se someta a personas a trata vía amenazas, uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga .autoridad sobre otra con fines de explotación.
Respecto a los fines de la trata, pretende romper con la creencia de que esta actividad sólo tiene como fin la explotación sexual, y se incluyen entre las hipótesis la explotación laboral, el tráfico de órganos, la esclavitud o servidumbre.
Por eso la nueva ley establece los tipos penales relativos a la trata de personas, en sus diversas modalidades: delito de trata de personas. Esclavitud, explotación laboral, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual infantil, e ilícitos relacionados, como encubrimiento.
Al fundamentar el dictamen, que recibió 315 votos de todos los partidos en pro, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), destacó que con esta legislación se busca atacar incluso al feminicidio.
Esto porque “hay una ecuación directa entre trata y secuestro, trata y feminicidios”, y cualquiera de las modalidades de trata, en el caso de mujeres, termina en feminicidio.
Destacó que se creará un fondo para prevención del delito de trata y atención de víctimas y que se busca atender los tratados internacionales.
Al aprobar el dictamen, los diputados abrogaron la Ley Federal existente (desde 2007) por las deficiencias detectadas, y crea una nueva ley, ésta General, pues se distribuyen competencias entre las entidades federativas y el gobierno federal, así como entre las procuradurías.
Durante el debate, los legisladores destacaron el apoyo multipartidista, pero criticaron que se use el tema “con propósitos electores y fines individuales” o que sirva para buscar una postulación.
La diputada Enoé Uranga, del PRD, expresó el respaldo de su partido pero criticó que el gobierno federal nunca haya realizado un diagnóstico ni políticas de prevención, no se establezcan casas de apoyo a las víctimas en cada estado, y se les deje en el abandono, en “esa manía que tienen de hacer política: siendo buenas, pero con prudencia, como dice la duquesa…”.
La diputada Rosi Orozco del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata, consideró que con la ley “hoy ya no será normal y quienes vayan a tratar de comprar a un ser humano hoy será sancionado”.
Diva Hadamira Gastélum del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que el gobierno federal “no ha respondido ni en este tema ni en otros” y expresó el apoyo priista al combate a la trata, pero advirtió “ojalá no aparezca mañana un personaje queriéndose arrogarse esta lucha”.
Elsa María Martínez Peña del Partido Nueva Alianza (Panal) y Caritina Sáenz del Verde Ecologista de México (PVEM) destacaron también que todos los partidos apoyaron la elaboración de la nueva ley y pidió realizar más acciones para proteger la libertad y dignidad de las personas.
María Teresa Ochoa, de Movimiento Ciudadano, demandó ahora vigilar el cumplimiento de la nueva ley “cuidando rigurosamente su vigencia en todo el territorio nacional, inhibiendo cualquier posibilidad de su interpretación discrecional”.
Por el PT, Amadeo Espinoza, que también respaldó el dictamen, recordó que a no más de 700 metros de San Lázaro “hay centenas de mujeres prostituyéndose, todas ellas víctimas de explotación” y en Tulancingo y Tlaxcala, opera la meca de los “padrotes” y existen mansiones construidas a costa de la explotación de mujeres.
Por eso urgió a que también autoridades locales revisen las licencias de fondas y cantinas.
